Necesario generar las políticas para lograr la reinserción social laboral de las reclusas: Senadora Lucero Saldaña
noviembre 22, 2017
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Necesario generar las políticas para lograr la reinserción social laboral de las reclusas: Senadora Lucero Saldaña

Debido a que en nuestro país la mayoría de los centros penitenciarios no cuentan con programas laborales y en especial para mujeres, lo que representa un agravio a sus derechos, la senadora Lucero Saldaña Pérez se pronunció a favor de continuar con los esfuerzos para que México cuente con un sistema penitenciario humanista, que persiga la reinserción social de las personas en reclusión.

Al encabezar la inauguración del Conversatorio “El trabajo como base para la reinserción social: condiciones, prácticas y mecanismos de evaluación”, la legisladora por el estado de Puebla señaló que en 64 de 77 centros penitenciarios hay irregularidades relacionadas con la inexistencia o insuficiencia de actividades laborales remuneradas, educativas o deportivas.

“Los penales municipales, estatales y federales de nuestro país tienen una población superior a 211 mil personas, de las cuales, el 95 por ciento son hombres, y un cinco por ciento mujeres y en 43 centros no existen ninguna actividad laboral; mientras que en 33 los cursos de capacitación se consideran insuficientes”, reveló.

Lucero Saldaña indicó que el Estado mexicano tiene que proporcionar los medios necesarios para dotar de oportunidades a fin de que este tipo de personas se desarrollen de conformidad con sus habilidades, talentos, lo que les dará más oportunidades y otras alternativas para que no regresen a delinquir.

Detalló que según datos de la Encuesta Nacional de Población que nos habla de la privación de la libertad del 2016, ENPOL, del INEGI, estima que a nivel nacional se tiene una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes.

De las cuales, dijo, 68 por ciento tiene entre 18 y 29 años, es decir, están en edad productiva laboralmente, y es una población predominantemente joven y capacitada para el trabajo.

“El 70 por ciento de la población privada de la libertad tiene sentencia dictada y es importante apreciar que su estancia implica un número importante de años, o sea, vamos a tener un tiempo suficiente, el 28 por ciento tiene una condena de 21 años o más; el 26 por ciento, de seis a 10 años, es una población que permanecerá buena parte de su vida en estos espacios. Durante estos años requiere generar ingresos para sí y para sus familias, y ser parte de estos procesos de resocialización y ejercer su derecho también al trabajo”, mencionó.

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